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Puerto Vallarta en quiebra

P a t r o c i n a d o r

por Miguel Ángel Infante / Proceso     Compartir


Endeudado hasta con las pensiones de sus empleados, el alcalde priista Salvador González Reséndiz le pagó a la empresa constructora de la nueva Unidad Municipal Administrativa con parte del mismo edificio

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4/9/2012.-Con el apoyo de los regidores de su partido y del PAN, el presidente municipal priista Salvador González Reséndiz desincorporó predios municipales para entregarlos en dación de pago al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Al menos dos pisos y parte del sótano de la nueva Presidencia Municipal en construcción se han entregado de esa forma a la Constructora Metropolitana de Guadalajara, S.A. de C.V, encargada de la obra.

Con el argumento de que no hay dinero para pagarle cerca de 14 millones de pesos a dicha empresa, el alcalde le entregó una superficie que no se conoce públicamente y en la cual podrá arrendar o vender locales comerciales aunque esté en el mismo lugar al que será trasladada la Presidencia Municipal.

En el oficio 074, el jefe administrativo de Obras Públicas del puerto, Carlos García Páez, asienta que hasta el 15 de febrero de 2011 la construcción del nuevo edificio municipal, denominado Unidad Municipal Administrativa (UMA), llevaba un avance de 54%.

Sin embargo, en el acta de ayuntamiento del 3 de marzo siguiente se indica que apenas se había concluido la primera etapa, con un costo de 41 millones 406 mil pesos, de los cuales el ayuntamiento había pagado 27 millones 333 mil 508, y queda un adeudo de 14 millones 73 mil pesos.

Con la medida de González Reséndiz, la constructora es la nueva propietaria del espacio de la UMA entregado en dación bajo el régimen de condominio, y puede rentarlo o venderlo. Ahora se sabe que en uno de los pisos superiores funcionará un restaurante, no se sabe si concesionado por la misma constructora o por el ayuntamiento a otro particular.

Acerca de la supuesta incapacidad de pago del ayuntamiento, el regidor priista Carlos Efraín Yerena señala que la tesorera Martha Alicia Peña “hasta ahorita, después de 25 meses (en el cargo) no ha cumplido con lo que establece la ley en el sentido de informar mensual y anualmente (a los regidores) sobre los ingresos y egresos” del municipio.

Yerena, quien antes ha reiterado en las sesiones de cabildo la necesidad de separar del cargo a la tesorera, puntualiza que ni ella ni el presidente municipal están cumpliendo sus obligaciones en este asunto. Incluso, dice, el contralor Miguel Ángel Rodríguez debe informar a los regidores qué está pasando con esos recursos, pero él tampoco recibe información de la Tesorería.

Como no se ha aprobado ninguna cuenta pública municipal desde que inició la gestión de González Reséndiz, Yerena considera que dichas omisiones “se pueden tipificar como delito la malversación de fondos. Jurídicamente se está haciendo una malversación de fondos y (la actual administración) no está cumpliendo con su obligación”.

Calificación: tache
El 20 de diciembre pasado, el ayuntamiento de Vallarta dio a conocer el informe de la calificadora internacional Fitch Ratings, y destacó que el crédito del municipio se mantiene estable. Sin embargo, en el mismo documento que emite la calificadora a través de su analista líder, Imelda Escoto, se aclara: “Cabe señalar que en el presente ejercicio la administración está llevando a cabo un cambio de contabilidad, lo que podría afectar los resultados al cierre del ejercicio y dificultar la comparación con ejercicios pasados”.

Fitch considera que los indicadores de apalancamiento, “si bien a la fecha han sido sostenibles, en el largo plazo podrían debilitar las finanzas del municipio si no se llevan a cabo estrictas políticas de contención en el gasto e incremento en los ingresos”.

La calificadora contabilizó 2 mil 620 empleados activos. Cifra que rebate el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Gilberto Lorenzo Rodríguez, pues dice que su organización tiene cerca de mil afiliados, pero los de confianza son más de 2 mil.

Lorenzo Rodríguez comenta que la precaria situación de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, obligada a atender a los trabajadores enfermos y accidentados, ha generado un sinnúmero de quejas de sus representados porque continuamente faltan insumos.

Pese a la oposición de la mayoría de los sindicalizados, el alcalde González Reséndiz (hijo del presidente estatal del PRI, Rafael González Pimienta) intentó afiliarlos en bloque al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero éste condicionó su registro a que el gobierno estatal firmara como aval. Y ante los pesados adeudos que arrastra Puerto Vallarta con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), la administración de Emilio González no se ha comprometido a nada.

El adeudo con el Ipejal se generó en la administración pasada, que encabezó el también priista Javier Bravo Carbajal, pero no fue incluido como deuda pública por González Reséndiz. Esta situación provocó que la Tesorería Municipal fuera inhabilitada por el Ipejal porque retenía el dinero de los trabajadores pero no lo entregaba al instituto correspondiente.

Esto obliga al ayuntamiento a entregar predios municipales en dación de pago, como en el mencionado caso de la UMA, y a instruir a los trabajadores para que depositen en un banco sus aportaciones y pagos de créditos, tanto hipotecarios como personales. Una medida que Lorenzo Rodríguez considera contraproducente porque muchos empleados no pagan sus créditos en los bancos.

Para el regidor panista Héctor Gallegos, la deuda del ayuntamiento supera ya los mil millones –incluyendo los 450 millones que pidió Bravo Carbajal– y afecta incluso a la recolección de la basura. A la empresa concesionaria del servicio se le deben más de 15 millones de pesos y, comenta, así “ni cómo exigirle que cumpla”.

El presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) del municipio, Alejandro Desentis Reyes, urgió a las autoridades municipales en un comunicado a que cumplan su función en la limpieza y al retiro de las bolsas con desperdicios que se acumulan durante días en las esquinas del centro de Vallarta.

También el alumbrado público está en el abandono. La dependencia encargada de su mantenimiento, que depende de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, no tiene material para trabajar. Electricistas municipales consultados dicen que, para colmo, en el puerto se comete con frecuencia el robo del cableado de cobre.

Taxistas y choferes de autobuses urbanos, afiliados a la CTM, se quejan del pésimo estado de las calles que cruzan la avenida Francisco Medina Ascencio, los baches en el pavimento y el daño en los empedrados. Admiten que han visto algunas cuadrillas intentando reparaciones, pero tienen pocos trabajadores y las necesidades se van juntando.

Desde hace días el alcalde González Reséndiz cabildea la contratación de un crédito por más de 10 millones de pesos, supuestamente para embellecer la avenida Medina Ascencio, que es la principal del puerto, a fin de que esté presentable durante el Tianguis Turístico, que se realizará este mes.
Por ahora los regidores del PAN le niegan su apoyo con el argumento de que el municipio no cumple sus obligaciones y bien puede desviar el dinero a otros renglones, como el gasto corriente.

No acaban ahí los problemas del presidente municipal. La remodelación del malecón, cuyo costo inicial fue estimado en 50 millones de pesos y podría ascender ya a más de 120 por la construcción de supuestas obras accesorias, comienza a ser criticado por la población.

El 16 de febrero, desesperados porque el ayuntamiento no atiende sus peticiones, vecinos de la zona centro protestaron públicamente contra la construcción de una plazoleta en la calle Iturbide, ya que según ellos estorbará el tránsito y afectará la actividad económica, aparte de que es una obra mal planeada y ejecutada.

Al día siguiente los inconformes se reunieron con González Reséndiz en la Presidencia Municipal y le reprocharon que esas obras contribuyen a la pérdida de la identidad del puerto, definido como un pueblo típico mexicano.

Al respecto, Antonio Escobedo Pulido, miembro del Colegio de Ingenieros, lamentó que el ayuntamiento no tome en cuenta a los vecinos ni a los profesionistas, por lo que se generan problemas como las corrientes de aguas pluviales que afectan las obras de remodelación del Centro Histórico, incluyendo el malecón.

Exigieron que no se modifiquen las banquetas de la avenida México para evitar la pérdida de lugares de estacionamientos en la vía pública, que afectaría a los turistas, y criticaron la promesa del ayuntamiento a los comerciantes céntricos de permitirles desplegar sillas y mesas en las banquetas, con tal de ganarse el apoyo para sus obras.

A González Reséndiz no le quedó más remedio que comprometerse a incluir a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros en el Consejo de Desarrollo Urbano. “Todas las voces serán escuchadas”, dijo.

En esta reunión, que por momentos subió de tono, la regidora panista Dulce María Flores también le reprochó al alcalde que no enfrenta los problemas de su competencia y en vez de ello culpa al gobierno estatal o al federal de los problemas que han demorado el rescate del centro histórico.

En otros asuntos relacionados con las oscuras finanzas vallartenses, el oficial mayor de Padrón y Licencias, Héctor Ortiz Godínez, tío del alcalde, ha sido señalado de manejar discrecionalmente las asignaciones de horas extras a los antros. Se desconoce el monto que se entrega por ese concepto a la Tesorería Municipal, pero personal de su dependencia asegura que el funcionario sólo se ocupa de los establecimientos ubicados en el malecón y las zonas turísticas.

Por ello, y por no dar información a los ciudadanos que la solicitan, el Colectivos Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cintra) de nuevo bajó su calificación al ayuntamiento en materia de transparencia.

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